Proyectos de ley en Bogotá podrían encarecer los gastos del hogar para miles de familias este año

Al menos cuatro proyectos de ley que avanzan actualmente en el Congreso de Colombia y en el Concejo Distrital de Bogotá tendrán consecuencias directas sobre el costo de vida de los cerca de 8 millones de habitantes de la capital. Las iniciativas abarcan la reforma a los subsidios de servicios públicos domiciliarios, las tarifas de TransMilenio, la regulación de los trabajadores de plataformas de domicilios y ajustes a la base del impuesto predial de la ciudad. En conjunto, representan el paquete de legislación con mayor impacto sobre el presupuesto familiar que el Concejo ha tramitado de forma simultánea en varios años, según analistas de política pública que hacen seguimiento a las finanzas del Distrito.

La coincidencia en el tiempo no es casual. El DANE, entidad nacional de estadística, registró un aumento del índice de precios al consumidor en Bogotá de aproximadamente el 6,8 por ciento durante los doce meses que concluyeron a comienzos de 2026, por encima de la meta del Banco de la República. El gasto de los hogares en servicios públicos, alimentación y transporte representa cerca del 52 por ciento de los egresos mensuales de una familia de bajos ingresos en la ciudad, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos más reciente del DANE. Legisladores tanto del nivel nacional como distrital han citado esa cifra para justificar el actual paquete de reformas.

Subsidios de servicios públicos y tarifas de transporte: los dos proyectos de mayor alcance

La propuesta con mayor impacto sobre la población es un proyecto de ley nacional que reestructuraría los criterios de acceso a los subsidios residenciales de servicios públicos, vinculados actualmente al sistema de estratificación socioeconómica. Bajo el esquema vigente, los hogares de los estratos 1, 2 y 3 pagan tarifas por debajo del costo real en electricidad, agua y gas, con subsidios financiados en parte por los usuarios de los estratos 5 y 6. El proyecto en trámite, que a finales de junio de 2026 cursaba su tercer debate en la Cámara de Representantes, trasladaría la elegibilidad hacia un modelo de focalización por ingresos, ligado al registro social SISBEN IV, en lugar del estrato de residencia. Para Bogotá, donde la Secretaría Distrital de Planeación estima que aproximadamente 340.000 hogares de los estratos 2 y 3 quedarían sujetos a reclasificación, el efecto práctico podría ser la pérdida del subsidio para familias cuyos ingresos superen el nuevo umbral del SISBEN IV, pero que actualmente califican por su dirección de residencia. La iniciativa contempla un período de transición de 24 meses, con garantía de que ningún hogar perderá el subsidio antes de enero de 2028.

Por su parte, el Concejo Distrital estudia una propuesta de ajuste a la estructura tarifaria integrada de TransMilenio y el SITP. La tarifa base actual de 3.050 pesos colombianos, establecida en 2024, no ha sido suficiente para cubrir el alza en los costos de combustible y operación, según los datos presentados por la Empresa de Transporte del Tercer Milenio ante la comisión de movilidad del Concejo en mayo de 2026. Un proyecto de resolución que circula en el Concejo proyecta un incremento tarifario de entre 3.300 y 3.500 pesos, acompañado de una tarjeta de subsidio compensatorio para los usuarios registrados en los dos niveles más bajos del SISBEN IV. Los pasajeros que realizan dos o más viajes pagos al día en el sistema —más de 2,1 millones de usuarios diarios según las estimaciones— sentirían de inmediato cualquier aumento en su gasto semanal.

Domiciliarios, impuesto predial y lo que viene

Una tercera iniciativa, un proyecto de ley laboral de alcance nacional que cobija a los trabajadores de la economía de plataformas, superó su primer debate en el Senado. De aprobarse, obligaría a las empresas de domicilios que operan en Colombia a realizar aportes a la seguridad social y al sistema de riesgos laborales de sus trabajadores. Para Bogotá, que concentra cerca del 60 por ciento de los registros activos de plataformas de entrega de alimentos en el país, se prevé que la medida elevaría los costos operativos de las plataformas y, según los analistas, podría trasladarse parcialmente a los consumidores en forma de tarifas de domicilio más altas, o reducir las ganancias por pedido de los repartidores, dependiendo de cómo cada empresa decida asumir el impacto.

La cuarta iniciativa es un proyecto del Concejo para actualizar el catastro multipropósito de Bogotá, la base de valoración de inmuebles con la que se calculan las facturas del impuesto predial. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital completó a finales de 2025 una actualización masiva del avalúo de aproximadamente 2,8 millones de predios en la ciudad. Según el proyecto de acuerdo, las nuevas valorizaciones se aplicarían de forma gradual a lo largo de tres años a partir de 2027, con incrementos anuales limitados al 15 por ciento por predio. Los arrendatarios no pagan el predial de forma directa, pero los analistas señalan que los propietarios suelen incluir el impuesto en los ajustes del canon de arrendamiento al momento de renovar el contrato.

Las cuatro iniciativas aún están sujetas a nuevos debates, modificaciones o aplazamientos. La próxima sesión plenaria del Concejo está programada para el 15 de julio de 2026. Los ciudadanos pueden hacer seguimiento al avance de los proyectos y presentar comentarios formales a través del portal de participación ciudadana del Concejo Distrital, concejodebogota.gov.co, y mediante los informes de impacto legislativo que publica el DANE, actualizados cada mes que la Cámara se encuentre en sesión.